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EEUU no tiene jurisdicción para sancionar a Venezuela

presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, calificó como lesivas las sanciones que el Congreso de Estados Unidos ha aplicado en contra de funcionarios del Gobierno Bolivariano, en violación al Estado de derecho del cual goza la República Bolivariana de Venezuela.

“Rechazamos las maniobras de desestabilización de orden interno, así como las acciones tomadas por el Congreso de los Estados Unidos de América, lesivas para el pueblo (…) que tienen como único objeto atentar contra el Estado de derecho pretendiendo una ruptura del hilo constitucional”, expresó la magistrada Gutiérrez, quien agregó que estas acciones tienen como finalidad generar un ambiente de intimidación, especialmente en funcionarios electos bajo procedimientos democráticos.

Rodríguez explicó que EEUU no tiene jurisdicción alguna, de ninguna intensidad, forma o atributo, para sancionar y promulgar “leyes” con aplicación en la República Bolivariana de Venezuela, siendo que el documento identificado como “Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela 2014”, carece de validez y efectividad y es absolutamente nula su ubicación o existencia en el plano jurídico para este país y sus nacionales.

Desde la sede del TSJ, en la ciudad de Caracas, informó que el tribunal mantiene su apoyo a la institucionalidad venezolana, y a su estado democrático y de justicia, aspectos previstos dentro de la Carta Magna.

Asimismo informó que el Poder Judicial se adhiere a los pronunciamientos y propuestas formuladas por el resto de los Poderes Públicos y el Poder Popular “para defender y exigir respeto al orden jurídico y al pueblo venezolano”.

El máximo orden del sistema judicial manifestó su respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro, en relación a los procesos de diálogo y activación de instancias internacionales –la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)–, para exigir el cese de las agresiones contra el pueblo venezolano por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“La pretendida intención de proteger los Derechos Humanos del Gobierno y Congreso de los Estados Unidos de América particularmente con las acciones antes mencionadas, contradicen los principios que están en la base de los derechos que paradójicamente afirman proteger, al tiempo que buscaría obviar y violentar impunemente nuestra soberanía infringiendo en los más elementales criterios que emanan de los principios básicos del Derecho Internacional”, expuso Gutiérrez.

Agregó que el pueblo venezolano “tiene el legítimo derecho a la libre determinación, a la no intervención, al respeto a la soberanía, igualdad, justicia y paz”.

De igual forma indicó que el documento de la magistratura será elevado ante la Presidencia de la República y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores para que se estudie y se tomen las acciones pertinentes además que se envíe una copia a cada uno de los altos Tribunales y Cortes de las naciones pertenecientes a la ALBA, la Unasur y la Celac.

El instrumento dado a conocer como una ley por el Congreso norteamericano, así como otras medidas hostiles de autoridades estadounidenses, serían un conjunto de acciones injerencistas de expresa ilegitimidad, nacional e internacional, circunstancia generadora de responsabilidad interna e internacional de ese Estado y las autoridades respectivas, ante su pueblo y ante la Comunidad de Naciones, las cuales además estarían destinadas a pretender la exposición indebida de la imagen del Estado venezolano y su gobierno legítimo.

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