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LA JUSTICIA TRANSICIONAL

El derecho liberal que consagra la majestad de la justicia y la preponderancia de la ley escrita, también admite el derecho a la rebelión frente a la opresión, y acepta la interpretación casuística y cierto relativismo, admitiendo la justicia transicional, cuya aplicación se debate hoy en Colombia.

Aunque con lentitud que puede impacientar a las piedras, y una exuberante proyección mediática, las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP prosiguen en La Habana, y se adentran en asuntos nodales.

En parte el proceso se ha ralentizado porque con una actitud correcta las partes se empeñan en un enfoque integral, que incluye no sólo el cese de las acciones, sino un conjunto de problemas económicos, sociales, políticos y jurídicos que afectan a la sociedad colombiana. El esfuerzo incluye la reparación y la inserción de los guerrilleros desmovilizados, en la vida política nacional.

Aunque las experiencias del triunfo de las guerrillas latinoamericanas y de los procesos de paz en los que han participado organizaciones rebeldes centroamericanas, así como la democratización en Sudamérica, han sido exitosos, y los exguerrilleros que han llegado al poder mediante elecciones se han comportado con impresionante altura ética, en Colombia existen más reservas que en cualquier otro lugar.

La profundidad de los diálogos de paz, la inclusión de las víctimas, y el debate en torno a la reinserción de los guerrilleros en los circuitos políticos nacionales, ha llevado el debate al terreno de la llamada “justicia transicional”, que, como el término indica, trata de ajustar la administración de la justicia a una coyuntura de transición entre la guerra y el retorno a la normalidad institucional.

En general, estos enfoques se aplican en circunstancias en las que es técnica y moralmente imposible responsabilizar a una de las partes, y castigarla por la violación de las leyes.

No obstante, la existencia de capítulos de justicia transicional aplicado por los vencedores en algunos conflictos, como ocurrió con el estatuto creado por los aliados al fin de la II Guerra Mundial para juzgar y condenar a los jerarcas fascistas alemanes y japoneses, la justicia transicional suele basarse en acuerdos (tácitos o expresos) de las partes en los conflictos, y acatados por el sistema judicial involucrado.

Si bien la justicia transicional no cubre los casos de individuos que incurren en delitos de lesa humanidad o cometen crímenes repugnantes, la existencia de numerosas víctimas individuales y colectivas hace difícil la conciliación de los criterios. Así ha ocurrido con la Guerra Civil española y con la superación de la era franquista, y sucede en algunos países sudamericanos, donde se manifiestan diferentes criterios en torno al alcance de las exigencias judiciales y el castigo a los implicados.

En Colombia ha aparecido un obstáculo adicional que es la presencia de un tercer elemento, los Estados Unidos, que reclaman la extradición de guerrilleros presuntamente implicados en el narcotráfico, asunto que pudiera convertirse en una piedra en el zapato de los negociadores, y que obviamente debe ser resuelto por el estado colombiano.

En cualquier caso la justicia transicional no es la consagración de la impunidad, sino la adecuación de la ley a un momento en el cual el derecho contribuye a la solución de un problema mayor. En Colombia no se trata sólo de un capitulo judicial, sino de facilitar el tránsito de la guerra a la paz, para lo cual vale la pena algunos sacrificios. Allá nos vemos.

La Habana, 10 de marzo de 2015