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Los que lanzaron la campaña “Haga patria mate un cura” hoy deberían de pedir perdón

Roberto Cuéllar, abogado y quien se desempeñó por cuatro años como director del Socorro Jurídico que funcionó en el Externado San José a finales de los años 70 -oficina precursora a Tutela Legal del Arzobispado- y quién fuera asesor muy cercano a Monseñor Romero, explica que después de la muerte del padre Alfonso Navarro, los grupos económicamente fuertes de El Salvador desataron toda una campaña de desacreditación, difamación y denigración contra el Arzobispo en el marco de la Libertad de Expresión que lo sentenció dos años antes de su muerte.

Roberto Cuéllar (Foto: Edwin López)

Según el catecismo católico la confesión es el sacramento para perdonar los pecados. Jesús dio este poder a los apóstoles cuando les dijo: “a quienes perdonen los pecados les serán perdonados”.

Lo esencial de reconocer un pecado es el arrepentimiento, el propósito de enmienda y la confesión. Pero el acto de contrición es básicamente arrepentimiento, dolor, pena ante el pecado cometido por la misma ofensa hecha a Dios. Según la Real Academia Española es el arrepentimiento de una culpa cometida. En el sacramento de la penitencia, es el dolor y pesar de haber pecado ofendiendo a Dios.

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Cuando Monseñor Romero fue electo por Roma para ser Arzobispo de San Salvador, el sector más conservador de la iglesia y los feligreses de la misma sintieron que era el pastor que necesitaba la sociedad salvadoreña, el pastor que seguiría dándole el espaldarazo al gobierno en sus acciones sin importar que estas produjeran y condujeran a un baño de sangre por las injusticias sociales.

El exministro de Economía, Héctor Dada Hirezi y Canciller de la República en 1979 lo expresa de esta manera en un documental producido por Canal 10: “Yo tenía la esperanza que Monseñor Arturo Rivera Damas fuera el Arzobispo de San Salvador, a Monseñor Romero lo veíamos como un hombre que si bien tenía conciencia social no le atribuíamos comprender mucho la realidad, lo veíamos demasiado pegado a la norma canónica, muy coartado en su acción con la gente”.

Para muchos era una incógnita cómo iba a enfrentar su papel como Arzobispo de San Salvador y había dudas porque tenía buenas relaciones con gente poderosa del país.

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Hoy en día, Monseñor Romero está de moda: hay “gingles” pegajosos diciendo que murió por amor, camisetas de todo tamaño y color, llaveros, de tres a cinco páginas diarias de sus historias en periódicos de circulación nacional, páginas completas de anuncios con su imagen, spots televisivos, programas de más de una hora con sus homilías, documentales y series –tanto nacionales como internacionales-, satélites contratados para visualizar su beatificación en todo el mundo y es probable que hasta se viralice algún “hashtag” el día de su beatificación.

En este momento es imposible dejar de hablar de Romero, pero cuando su mensaje empezó a arreciar contra las violaciones a los derechos humanos de obreros, campesinos, maestros y sindicalistas perseguidos, gente pobre desaparecida por los cuerpos de seguridad y por grupos paramilitares, el mensaje del Arzobispo se invisibilizó y satanizó.

No existieron espacios para escuchar su denuncia y su reclamo de justicia hacia las autoridades y hacia el régimen militar que gobernó en sus tres años de apostolado; se silenció, ningún medio –más que la radio católica YSAX y el periódico Orientación- reprodujo sus homilías, y su voz solo resonaba en una inacabada catedral.

Lamentablemente en el primer año del Arzobispo Romero murieron varios sacerdotes, además de Rutilio Grande, con la connivencia de grupos económicamente fuertes del agro salvadoreño. Murió también el padre Alfonso Navarro en la parroquia de la colonia Miramonte junto al niño, Luisito Torres en mayo del 78, pero una semana antes, la guerrilla había asesinado al canciller de la república, Mauricio Borgonovo Pohl y “eso sin duda levantó todas las acusaciones y baterías de la oligarquía contra la iglesia católica y contra la figura del Arzobispo Romero”, asegura Beto Cuéllar.

Roberto Cuéllar en su época de colaborador jurídico junto a Romero y otros abogados como el actual magistrado Florentín Meléndez que apoyaron en múltiples casos de violaciones a los derechos humanos. (Foto: Cortesía Roberto Cuéllar)

El abogado a quien Romero le confió, desconfiadamente por ser demasiado joven, la investigación y sustento legal del caso de la muerte de Rutilio Grande no recuerda exactamente cuándo empezó la campaña contra el Arzobispo, pero afirma que después de la muerte del padre Navarro, los grupos económicamente fuertes de El Salvador desataron toda una campaña ofensiva de desacreditación, difamación y denigración contra el Arzobispo Romero y contra quienes lo acompañaban en sus equipos pastorales, comunitarios, de servicio social y servicio jurídico a la gente más pobre y extremadamente necesitada de asistencia no solamente jurídica, que era el campo que le tocó coordinar a Cuéllar, sino también a la gente necesitada y desvalida socialmente.

En aquella época, recuerda el abogado que todos los grupos de la oligarquía financiera, industrial, comercial, agrícola estaban decididos a enfrentar al Arzobispo Romero, no solamente por el carácter de sus homilías que presentaban los hechos de la semana, sino porque contenía las denuncias que presentaban los campesinos, los obreros, las comunidades cristianas, los párrocos de los atropellos a la dignidad humana por parte de las mismas autoridades.

El Arzobispo las procesaba y le pedía al Socorro Jurídico que las calificara.

Esas homilías llamaron la atención de todo el país y de los grupos económicamente fuertes, pero no solamente por lo que decían, sino por la política pastoral que llevó adelante Romero en materia de derechos de las personas, de la gente, de las comunidades.

“La política del Arzobispo favoreció sin duda los derechos de las personas más necesitadas, extremadamente pobres y las que tenían menos privilegios y desfavorecidas en la sociedad salvadoreña de la época”, afirmó Cuéllar.

A raíz de esto, se inicia una campaña en mayo de 1978 que condenó al Arzobispo Romero dos años antes de su martirio.

Cuéllar recuerda que se repartieron volantes en todo el país, en las parroquias, en los colegios católicos en donde decía: “Haga patria, mate un cura”. Por las radios los campos pagados aumentaban el tono y vociferaban: “Haga patria, mate un cura; haga nación, mate al obispo (cabrón)”. La última palabra Cuéllar evita pronunciarla, pero así terminaba.

La muerte del Canciller Borgonovo Pohl, fue el hecho que le cerró todas las puertas al Arzobispo de los grupos económicamente poderosos y le condenó a pesar que siempre mantuvo una ventana abierta al diálogo.

Según Cuéllar, los actos y los mensajes de Romero hicieron llegar su presión a Roma, y los grupos económicamente poderosos pidieron al Vaticano enviar investigadores apostólicos para escudriñar los errores y las falsedades que el Arzobispo planteaba en sus homilías.

“Del Vaticano enviaron tres investigadores apostólicos al Arzobispado. Hubo un movimiento fuerte para tumbarlo como Arzobispo de San Salvador”, sostuvo Cuéllar.

Añadió que 35 años después, para que haya una verdadera reconciliación en El Salvador “se requiere de una sanidad mental y social en la cual la ciudadanía no va a exigir perdón, pero sería importante que aquellos grupos económicamente pudientes, de la oligarquía que todavía existen y aunque no son los mismos personajes en el país y tienen un peso fuerte en la vida nacional, revisaran sus antecedentes a raíz de estas campañas de desacreditación que formularon contra el Arzobispo Romero, y muestren arrepentimiento, así como algunos grupos políticos importantes, entre ellos exmilitares de la Fuerza Armada también, muestren no solo arrepentimiento, sino un acto de contrición de que vamos a hacer política diferente de aquí en adelante”.

“Por la manera abrupta y ofensiva con la que se respondió en aquel entonces ahora bien harían en expresar un acto de contrición, de enmendar y favorecer un cambio y una transformación de la educación, de la economía, de la productividad que sin duda tendrían una consecuencia positiva en el fenómeno de la inseguridad y la criminalidad que ahora nos daña. Por esa campaña harían muy bien en pedir perdón, porque esa campaña se hizo en el marco de la mal llamada libertad de expresión que estaba en manos de tres o cuatro medios de comunicación de la época”, aseguró Cuéllar.

Añade el abogado que “paradójicamente el Arzobispo Romero jamás dejó de hablar y siempre tuvo la puerta abierta para los grupos económicamente pudientes, llamados de la oligarquía, es más, medió personalmente en huelgas donde estaban en cuestión, intereses de las empresas privadas de la oligarquía salvadoreña y nos expresaba que tenía la ilusión, la esperanza y la fe de que las cosas cambiaran como en Costa Rica”.

En Costa Rica hubo una revolución social de 1948 a 1950 que fue apoyada por grupos oligárquicos para darle al país una visión más social de la democracia, no solamente en términos electorales, de la contabilización de los partidos políticos, de la democracia de la participación, sino también la democracia social de derecho.

Costa Rica se empeñó en una revolución que no costó ninguna vida a partir del año 50 con garantías sociales, democráticas, judiciales en que la gente extremadamente pobre podía acudir a los tribunales a representarse.

“Siempre Monseñor Romero tuvo la ilusión de que los grupos salvadoreños siguieran el ejemplo costarricense”, aseguró Cuellar.

La famosa frase que acuñó Romero, que es una frase bíblica: “Quítense los anillos que pueden perder la mano” era una frase comprometida con esa esperanza de cambio de los grupos oligárquicos y Cuéllar asegura que “en sus homilías nunca salió una frase de insulto y de odio contra los grupos económicamente fuertes de El Salvador y al revisarlas solo se encuentra palabras de ilusión de que participaran en la transformación social y política del país sin sangre como fue en Costa Rica, admirable ejemplo de democracia social, política y de derecho en todas las américas, donde la oligarquía participó directamente en la configuración del sistema político costarricense, en el sistema laboral social más justo de toda la región centroamericana y también en el esquema de distribución social de la estructura económica del país”.