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REPORTE DESDE EL SALVADOR PARA RADIO HABANA CUBA DEL 24 DE ABRIL DE 2015

Ante la absurda posición de la Fiscalía General de la República y su Unidad de Investigación Financiera de haberse negado a entregar información trascendente para el proceso penal contra el expresidente Francisco Flores Pérez, al juez séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello, quien actualmente lleva el caso, y luego que les hubiera solicitado dicha información financiera referente al imputado, convirtiéndose además en un desacato a su autoridad, la Iniciativa Social para la Democracia, con sus siglas ISD, y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, también FESPAD, como organizaciones querellantes particulares han expresado su total inconformidad por el mal desempeño del Fiscal General de la República en la dirección de la investigación penal, convirtiéndose sospechosamente en elemento defensor del exmandatario.

A través de un comunicado hecho público esta semana, y ante la inminente cercanía del final de instrucción en la primera quincena de mayo próximo, solicitan que ante una actuación negligente de la Fiscalía, esta informe si se había iniciado investigación alguna por el delito de lavado de dinero en contra del expresidente Flores.

En el mismo sentido, que si dentro de los archivos de la Unidad de Investigación Financiera, consta haber recibido alguna alerta emitida por instituciones nacionales o extranjeras en contra del expresidente Flores, por delitos relacionados a lavado de dinero. Tales elementos la Fiscalía se ha negado a aclarar o determinar, por lo que caen sobre el Fiscal General, Luis Martínez, sospechas de un comportamiento parcial e inadecuado.

Todo, al haber realizado diferentes acciones que generan dudas sobre la imparcialidad en el manejo de la investigación, entre ellas, cita el pronunciamiento de las entidades querellantes, que la Fiscalía solicitó a diferentes países, al inicio de la investigación, la información migratoria y bancaria relacionada con el expresidente Francisco Flores, cuyas asistencias fueron recibidas en sobre cerrado, y que fueron abiertos en presencia de las partes, a excepción de la proveniente de la mancomunidad de las Bahamas, en el cual el sobre entregado por la FGR al Juez iba abierto, conteniendo únicamente el informe migratorio y no el que contiene la información financiera, situación que no ha sido justificada.

Asimismo, el Juez habría requerido de la Fiscalía que solicitara a los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional, con sus siglas GAFI, la existencia o no de cuentas bancarias cifradas relacionadas al expresidente Francisco Flores Pérez, obteniendo de parte del actual Jefe de Unidad Financiera una respuesta negativa, aduciendo que él no es persona acreditada como parte dentro del proceso. Sin embargo debido al cargo que este funcionario ostenta y debido al tipo de diligencia solicitada, él es la autoridad idónea para realizar dicha diligencia.

A pesar de ello, luego de una segunda solicitud el Jefe Unidad de Investigación Financiera no ha cumplido con el requerimiento del Juez, respondiendo, además, que el Juez 7° de Instrucción de San Salvador está invadiendo competencias y carece de facultad para solicitar dicha diligencia.

Ante tales argumentos para tratar de justificar la sospechosa inacción, los querellantes en rueda de prensa al hacer público su pronunciamiento, han reiterado que el Juez del caso, dentro del esquema constitucional del proceso penal, no es un simple espectador, pues en la etapa de instrucción adquiere la condición de controlador de la investigación del delito y es garante de los derechos fundamentales que intervienen en esa etapa procesal.

Por ello, sí está facultado para ordenar la práctica de ciertas diligencias que constituyan prueba para coadyuvar al establecimiento de la posible participación o favorecer la inocencia del imputado.

De igual manera, las organizaciones querellantes manifiestan nuevamente haber sido objeto de intimidaciones de parte de la Fiscalía General de la República, encaminadas a silenciar las denuncias sobre las irregularidades o acciones negligentes de dicha instancia en la investigación de los delitos atribuidos al expresidente Flores Pérez.

En tal sentido, señalan que pretender intimidarlas con una posible persecución penal, constituye una grave violación a derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, por lo que dan aviso al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para que en el ejercicio de sus funciones puedan tomar cartas en el asunto.

Ante tales intentos de pretender entorpecer la justicia en este caso ejemplarizante, de parte de sectores que siempre han gozado de impunidad, condenan tales procedimientos del Fiscal y sus colaboradores, y hacen un enérgico llamado a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que ha investiga el destino de los fondos de Taiwán, a efecto que se pronuncien ante las graves irregularidades y negligencias cometidas en torno a este caso, y por consiguiente citen al Fiscal General de la República para que rinda informe sobre el cumplimiento de sus atribuciones, y así mismo analicen a la brevedad la posibilidad que existan los motivos legales suficientes para declarar el impedimento del funcionario en el seguimiento del presente proceso.

Así las cosas en el Pulgarcito de América, donde aún se lucha cada día por llevar a realidad los cambios que se sustenten en la verdad y la justicia.

Para los amigos oyentes de Radio Habana Cuba, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.

Para Radio Nueva América en la Ciudad de Estocolmo, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.

Para Radio Bahía en la Ciudad de Estocolmo, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.

Para Radio Sur, desde Gotemburgo, en Suecia, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta, Corresponsal de Radio Habana Cuba.